“El número de entes públicos autonómicos asciende a 2.357. En dos años de crisis esta cifra ha engordado en un 23%. En público se niega, pero en privado se admite. Todos los esfuerzos están centrados en evitar el «default» de alguna comunidad autónoma, aquellas que comprometieron en épocas de bonanza más de lo que podían pagar y ahora con la losa de la crisis presionando están teniendo más que problemas.
Impago de facturas, dificultades para sufragar las nóminas de los empleados públicos, de los colegios concertados, moras en el pago de escándalo a los proveedores... Evitar la quiebra de algunas comunidades autónomas es una de las prioridades máximas del nuevo Gobierno. ¿Cómo? Control y austeridad van a ser palabras clave en los próximos años. Control sobre las cuentas y austeridad frente al desenfreno y la opulencia en el gasto y el viciado recurso al endeudamiento. Y sobre todo, sanciones, mayorespara reincidentes. Toca ajuste del Estado, pero especialmente de las autonomías, montadas en una espiral de derroche y en unos niveles de deuda en muchos casos inasumibles, que además de arrastrar al Estado han puesto a muchas de ellas en el camino del no retorno. Por lo pronto, esta semana se desvelaba un secreto cuyo enigma muchos ya conocían, era un secreto a voces: las comunidades autónomas han sido las principales responsables de la desviación del déficit público en 2011, año en el que, a falta de cifras definitivas, duplicaron el objetivo previsto al cerrar con unos números rojos del 2,7% del PIB frente al 1,3% comprometido. La desviación asciende a unos 15.000 millones de euros.
Ajustes por 15.000 millones
Corregir esos números rojos para que en este año 2012 las autonomías sí logren colocar el déficit en el 1,3% del PIB va a ser objetivo prioritario del Ejecutivo. Las comunidades tendrán que aprobar ajustes por 15.000 millones de euros y aunque la subida del IRPF facilitará unos ingresos adicionales a las comunidades por más de 2.000 millones de euros, esta cifra es claramente escasa para cuadrar las cuentas. La mayoría de las autonomías han tomado medidas en los Presupuestos de 2012, pero no parecen ser suficientes y toca recortar sus estructuras empresariales, organismos, subir impuestos... salvo Madrid, que, con los deberes cumplidos, baraja reducir en medio punto el IRPF en su tramo autonómico. Y lo hacía poco después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara una subida del Impuesto de hasta el 7% en el conjunto de España. Mucho es lo que queda por hacer... y también en el sector público autonómico, cuyo tamaño aumenta y aumenta sin freno pese a la crisis, que es lo más grave. El número de entes públicos autonómicos (sin incluir el País Vasco) asciende en estos momentos a 2.357. La cifra es de impacto, pero lo que más llama la atención es que si se compara la situación a 1 de enero de 2011 con la del mismo periodo de 2009, el incremento experimentado en el número de entes autonómicos ha sido del 23%. Es lo mismo que decir que en dos años de grave crisis económica (2009 y 2010), el sector público autonómico ha seguido aumentando de tamaño mientras que a nivel de la Administración General del Estado se reducía un 5%. Cómo las comunidades autónomas han llegado a esos niveles de gasto? El modelo de financiación autonómica ha permitido a los ejecutivos regionales gastar sin tino y, lo peor, sin tener que ingresar lo necesario para cubrir estos gastos. Los intentos por frenar este dispendio se toparon con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno. La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 puso freno al despilfarro y obligó a autonomías y ayuntamientos a cerrar los ejercicios en equilibrio, pero la llegada de Rodríguez Zapatero al poder dio al traste con estas limitaciones y favoreció la posibilidad de recurrir a la deuda, que desde entonces no ha cesado de crecer, mucho más desde que estalló la crisis. En los últimos veinte años el recurso al endeudamiento ha sido la principal fuente de ingresos de las comunidades. Para muestra un botón: En dos décadas este mecanismo ha representado un 7,54% de los ingresos presupuestados y en los últimos quince un 6,42% del PIB. Pero... ¿por qué se ha mantenido esta maquinaria de gasto? El fracaso de todos los límites impuestos al endeudamiento territorial hay que buscarlo en varios factores, según coinciden todos los expertos. El primero, en la ausencia de una estructura institucional que establezca una conexión directa y forzosa entre las decisiones de gasto de las autonomías y su obligación de satisfacerlas con un aumento de los ingresos. O lo que es lo mismo, la necesidad de introducir una efectiva corresponsabilidad fiscal. El segundo habría que buscarlo en la ausencia hasta ahora de un mecanismo de sanciones e incentivos a imponer en caso de incumplimiento de objetivos. Y, tercero, resolver las lagunas de las que adolece la legislación, que permiten a las autonomías seguir endeudándose a través de «otros instrumentos» que ocasionan más desviaciones.
Control del techo de gasto...
Y lo más importante, ¿qué hacer? Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, una ley consensuada con el anterior Ejecutivo el pasado verano para demostrar a la Unión Europea y a los mercados el compromiso político para parar el déficit público. El compromiso se concreta en que todas las administraciones públicas tendrán que limitar el déficit estructural al 0,4% del PIB y el nivel de deuda al 60%. No obstante, autonomías y las grandes ciudades tendrán también la obligación de atenerse a un techo de gasto previo a la elaboración de sus presupuestos, como ya ocurre con el Estado.
... palo y zanahoria
A ello se suma una regla de gasto para todas las administraciones públicas, incluidas las locales, que tendrán que ser más transparentes al acompañar sus proyectos de presupuestos con su equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, niveles de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, gastos por el aplazamiento de pagos y obligaciones no imputadas al presupuesto. Y todo aderezado con más sanciones, especialmente en los casos más graves o reincidentes. El palo, pero también la zanahoria, ya que el Gobierno dejará a las autonomías que devuelvan los anticipos a cuenta recibidos en 2008 y 2009 por 24.000 millones.
¿Qué proponen los expertos?
Julio Gómez-Pomar, director del Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School, asegura que «nos estamos dando cuenta ahora de la importancia de los recursos económicos que gestionan las comunidades autónomas cuando una desviación en sus déficits ha elevado su cifra global prevista al 2,7% alcanzando el 45% del compromiso de déficit de España con la UE en 2011». Explica que «por ello es indispensable que se revisen los mecanismos de control financiero y presupuestario del Estado sobre las comunidades autónomas estableciendo techos de gasto en sus presupuestos y extendiendo la autorización previa de operaciones de endeudamiento a determinados créditos y emisiones que no lo están en la actualidad. Pero con recortes en el gasto —precisa— todos sabemos que no se resuelven los problemas salvo que se adopten reformas en las políticas que los generan». Asegura que en este punto es necesario que el Estado adopte una posición más beligerante haciendo uso de sus competencias de coordinación o habilitándose legalmente para ello. Goméz-Pomar puntualiza que aunque parezca lo contrario, las comunidades autónomas apenas tienen capacidad tributaria propia y que dependen de las trasferencias del Estado. Y advierte de que «habría que recuperar los recargos autonómicos sobre impuestos estatales y utilizarlos como mecanismos niveladores bien voluntariamente o bien impuestos de forma excepcional y transitoria para reducir los déficits». Para Santiago Carbó, catedrático de Economía y consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago, «la austeridad requiere aumentar lo máximo posible la eficiencia de las administraciones públicas, sobre todo de aquellas que, como las comunidades autónomas, han tenido una menor disciplina, por lo general, en la contención del gasto». Explica que «aun cuando la administración central haga grandes esfuerzos, el escrutinio exterior está puesto también en la forma de disciplinar el gasto autonómico». Y añade que «dentro de los límites de la Constitución pueden existir muchas fórmulas de control ex-ante y de seguimiento y eventual sanción ex-post, como las que ahora se barajan y que se antojan fundamentales». Carbó reconoce que la cuestión de las empresas también parece esencial. Por un lado, dice, porque aunque algunas de estas empresas no tienen por qué guiarse estrictamente por criterios de eficiencia, la mayoría de ellas sí y, sin embargo, esto no está sucediendo en muchos casos. Por otro lado, explica, por qué el gasto que generan es muy importante y, aunque en muchas ocasiones no se contabiliza como déficit, el cierre de estas empresas sí podría ayudar a reducir el déficit aplicando el ahorro generado en ese propósito. «Otra posibilidad es que parte de los ahorros generados por el cierre de este tejido empresarial público pudieran destinarse a incentivar la creación de empresas privadas, tales como start-ups en sectores más innovadores y competitivos», señala este economista. Luis Garicano, catedrático de economía y estrategia de la London School Economics, piensa que «en vez de poner parches, es una oportunidad única de reformar en profundidad un sistema que ha demostrado que no funciona, porque es incomprensiblemente complejo y porque da incentivos erróneos a todos». «Cada comunidad —asegura— debe tener asignados ciertos tributos, y responsabilidad para gastar y recaudar, y ello debe ser transparente para los votantes. Debe haber un techo de déficit máximo, en forma de equilibrio fiscal estructural, y debe de haber una comisión independiente que verifique que los presupuestos cumplen este requisito». Por su parte, Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), apunta que el factor principal del incumplimiento durante 2011 ha sido la celebración de elecciones autonómicas y legislativas. «Los políticos no tomaron las medidas que debieron porque eso les podría haber costado votos. Y ahora estamos pendientes de las elecciones en Andalucía para conocer los Presupuestos del Estado», afirma. Laborda compara con el caso europeo y recuerda que de la misma forma que el Pacto de Estabilidad no tenía mecanismos para asegurar su cumplimiento y ahora se ha llegado a un acuerdo para poder contar con uno en el futuro, en España debe ocurrir algo parecido. Por ello, cree «necesario» el establecimeinto de un mecanismo de control y sanciones desde el Gobierno central de los presupuestos autonómicos para evitar futuros excesos fiscales a través de una reforma constitucional. «Este mecanismo lo debe verificar contrastar y aprobar el Gobierno Central y luego el Consejo de Política Fiscal Financiera que cuenta con las competencias para ello», apunta” (texto das jornalsitas susana alcelay e maría jesús pérez do ABC com a devida vénia)
Impago de facturas, dificultades para sufragar las nóminas de los empleados públicos, de los colegios concertados, moras en el pago de escándalo a los proveedores... Evitar la quiebra de algunas comunidades autónomas es una de las prioridades máximas del nuevo Gobierno. ¿Cómo? Control y austeridad van a ser palabras clave en los próximos años. Control sobre las cuentas y austeridad frente al desenfreno y la opulencia en el gasto y el viciado recurso al endeudamiento. Y sobre todo, sanciones, mayorespara reincidentes. Toca ajuste del Estado, pero especialmente de las autonomías, montadas en una espiral de derroche y en unos niveles de deuda en muchos casos inasumibles, que además de arrastrar al Estado han puesto a muchas de ellas en el camino del no retorno. Por lo pronto, esta semana se desvelaba un secreto cuyo enigma muchos ya conocían, era un secreto a voces: las comunidades autónomas han sido las principales responsables de la desviación del déficit público en 2011, año en el que, a falta de cifras definitivas, duplicaron el objetivo previsto al cerrar con unos números rojos del 2,7% del PIB frente al 1,3% comprometido. La desviación asciende a unos 15.000 millones de euros.
Ajustes por 15.000 millones
Corregir esos números rojos para que en este año 2012 las autonomías sí logren colocar el déficit en el 1,3% del PIB va a ser objetivo prioritario del Ejecutivo. Las comunidades tendrán que aprobar ajustes por 15.000 millones de euros y aunque la subida del IRPF facilitará unos ingresos adicionales a las comunidades por más de 2.000 millones de euros, esta cifra es claramente escasa para cuadrar las cuentas. La mayoría de las autonomías han tomado medidas en los Presupuestos de 2012, pero no parecen ser suficientes y toca recortar sus estructuras empresariales, organismos, subir impuestos... salvo Madrid, que, con los deberes cumplidos, baraja reducir en medio punto el IRPF en su tramo autonómico. Y lo hacía poco después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara una subida del Impuesto de hasta el 7% en el conjunto de España. Mucho es lo que queda por hacer... y también en el sector público autonómico, cuyo tamaño aumenta y aumenta sin freno pese a la crisis, que es lo más grave. El número de entes públicos autonómicos (sin incluir el País Vasco) asciende en estos momentos a 2.357. La cifra es de impacto, pero lo que más llama la atención es que si se compara la situación a 1 de enero de 2011 con la del mismo periodo de 2009, el incremento experimentado en el número de entes autonómicos ha sido del 23%. Es lo mismo que decir que en dos años de grave crisis económica (2009 y 2010), el sector público autonómico ha seguido aumentando de tamaño mientras que a nivel de la Administración General del Estado se reducía un 5%. Cómo las comunidades autónomas han llegado a esos niveles de gasto? El modelo de financiación autonómica ha permitido a los ejecutivos regionales gastar sin tino y, lo peor, sin tener que ingresar lo necesario para cubrir estos gastos. Los intentos por frenar este dispendio se toparon con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno. La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2001 puso freno al despilfarro y obligó a autonomías y ayuntamientos a cerrar los ejercicios en equilibrio, pero la llegada de Rodríguez Zapatero al poder dio al traste con estas limitaciones y favoreció la posibilidad de recurrir a la deuda, que desde entonces no ha cesado de crecer, mucho más desde que estalló la crisis. En los últimos veinte años el recurso al endeudamiento ha sido la principal fuente de ingresos de las comunidades. Para muestra un botón: En dos décadas este mecanismo ha representado un 7,54% de los ingresos presupuestados y en los últimos quince un 6,42% del PIB. Pero... ¿por qué se ha mantenido esta maquinaria de gasto? El fracaso de todos los límites impuestos al endeudamiento territorial hay que buscarlo en varios factores, según coinciden todos los expertos. El primero, en la ausencia de una estructura institucional que establezca una conexión directa y forzosa entre las decisiones de gasto de las autonomías y su obligación de satisfacerlas con un aumento de los ingresos. O lo que es lo mismo, la necesidad de introducir una efectiva corresponsabilidad fiscal. El segundo habría que buscarlo en la ausencia hasta ahora de un mecanismo de sanciones e incentivos a imponer en caso de incumplimiento de objetivos. Y, tercero, resolver las lagunas de las que adolece la legislación, que permiten a las autonomías seguir endeudándose a través de «otros instrumentos» que ocasionan más desviaciones.
Control del techo de gasto...
Y lo más importante, ¿qué hacer? Por lo pronto, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, una ley consensuada con el anterior Ejecutivo el pasado verano para demostrar a la Unión Europea y a los mercados el compromiso político para parar el déficit público. El compromiso se concreta en que todas las administraciones públicas tendrán que limitar el déficit estructural al 0,4% del PIB y el nivel de deuda al 60%. No obstante, autonomías y las grandes ciudades tendrán también la obligación de atenerse a un techo de gasto previo a la elaboración de sus presupuestos, como ya ocurre con el Estado.
... palo y zanahoria
A ello se suma una regla de gasto para todas las administraciones públicas, incluidas las locales, que tendrán que ser más transparentes al acompañar sus proyectos de presupuestos con su equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, niveles de endeudamiento, inversiones de las empresas públicas, gastos por el aplazamiento de pagos y obligaciones no imputadas al presupuesto. Y todo aderezado con más sanciones, especialmente en los casos más graves o reincidentes. El palo, pero también la zanahoria, ya que el Gobierno dejará a las autonomías que devuelvan los anticipos a cuenta recibidos en 2008 y 2009 por 24.000 millones.
¿Qué proponen los expertos?
Julio Gómez-Pomar, director del Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School, asegura que «nos estamos dando cuenta ahora de la importancia de los recursos económicos que gestionan las comunidades autónomas cuando una desviación en sus déficits ha elevado su cifra global prevista al 2,7% alcanzando el 45% del compromiso de déficit de España con la UE en 2011». Explica que «por ello es indispensable que se revisen los mecanismos de control financiero y presupuestario del Estado sobre las comunidades autónomas estableciendo techos de gasto en sus presupuestos y extendiendo la autorización previa de operaciones de endeudamiento a determinados créditos y emisiones que no lo están en la actualidad. Pero con recortes en el gasto —precisa— todos sabemos que no se resuelven los problemas salvo que se adopten reformas en las políticas que los generan». Asegura que en este punto es necesario que el Estado adopte una posición más beligerante haciendo uso de sus competencias de coordinación o habilitándose legalmente para ello. Goméz-Pomar puntualiza que aunque parezca lo contrario, las comunidades autónomas apenas tienen capacidad tributaria propia y que dependen de las trasferencias del Estado. Y advierte de que «habría que recuperar los recargos autonómicos sobre impuestos estatales y utilizarlos como mecanismos niveladores bien voluntariamente o bien impuestos de forma excepcional y transitoria para reducir los déficits». Para Santiago Carbó, catedrático de Economía y consultor del Banco de la Reserva Federal de Chicago, «la austeridad requiere aumentar lo máximo posible la eficiencia de las administraciones públicas, sobre todo de aquellas que, como las comunidades autónomas, han tenido una menor disciplina, por lo general, en la contención del gasto». Explica que «aun cuando la administración central haga grandes esfuerzos, el escrutinio exterior está puesto también en la forma de disciplinar el gasto autonómico». Y añade que «dentro de los límites de la Constitución pueden existir muchas fórmulas de control ex-ante y de seguimiento y eventual sanción ex-post, como las que ahora se barajan y que se antojan fundamentales». Carbó reconoce que la cuestión de las empresas también parece esencial. Por un lado, dice, porque aunque algunas de estas empresas no tienen por qué guiarse estrictamente por criterios de eficiencia, la mayoría de ellas sí y, sin embargo, esto no está sucediendo en muchos casos. Por otro lado, explica, por qué el gasto que generan es muy importante y, aunque en muchas ocasiones no se contabiliza como déficit, el cierre de estas empresas sí podría ayudar a reducir el déficit aplicando el ahorro generado en ese propósito. «Otra posibilidad es que parte de los ahorros generados por el cierre de este tejido empresarial público pudieran destinarse a incentivar la creación de empresas privadas, tales como start-ups en sectores más innovadores y competitivos», señala este economista. Luis Garicano, catedrático de economía y estrategia de la London School Economics, piensa que «en vez de poner parches, es una oportunidad única de reformar en profundidad un sistema que ha demostrado que no funciona, porque es incomprensiblemente complejo y porque da incentivos erróneos a todos». «Cada comunidad —asegura— debe tener asignados ciertos tributos, y responsabilidad para gastar y recaudar, y ello debe ser transparente para los votantes. Debe haber un techo de déficit máximo, en forma de equilibrio fiscal estructural, y debe de haber una comisión independiente que verifique que los presupuestos cumplen este requisito». Por su parte, Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), apunta que el factor principal del incumplimiento durante 2011 ha sido la celebración de elecciones autonómicas y legislativas. «Los políticos no tomaron las medidas que debieron porque eso les podría haber costado votos. Y ahora estamos pendientes de las elecciones en Andalucía para conocer los Presupuestos del Estado», afirma. Laborda compara con el caso europeo y recuerda que de la misma forma que el Pacto de Estabilidad no tenía mecanismos para asegurar su cumplimiento y ahora se ha llegado a un acuerdo para poder contar con uno en el futuro, en España debe ocurrir algo parecido. Por ello, cree «necesario» el establecimeinto de un mecanismo de control y sanciones desde el Gobierno central de los presupuestos autonómicos para evitar futuros excesos fiscales a través de una reforma constitucional. «Este mecanismo lo debe verificar contrastar y aprobar el Gobierno Central y luego el Consejo de Política Fiscal Financiera que cuenta con las competencias para ello», apunta” (texto das jornalsitas susana alcelay e maría jesús pérez do ABC com a devida vénia)
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